El trabajo de identificación de cadáveres sin reclamar en España es una tarea desafiante.

La Policía Nacional junto con otros cuerpos de seguridad, trabajan incansablemente para encontrar un vínculo entre los cadáveres sin identificar y las personas desaparecidas. Aunque las pruebas de ADN, huellas dactilares y fórmulas dentarias pueden ser útiles, muchas veces no hay suficiente información pre-mortal para llevar a cabo una identificación efectiva.

El proceso de identificación no solo es difícil en sí mismo, sino que también está obstaculizado por la falta de coordinación entre los anatómicos forenses y los investigadores policiales que dependen de diferentes ministerios.

La solución a este problema requiere una actualización legislativa que incluya un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares y una red informática para compartir información entre personas desaparecidas y cadáveres sin identificar.

Los costos de los servicios funerarios y el tanatorio deberían estar cubiertos por las pólizas de seguros, de lo contrario pueden ser una carga financiera para las familias de los fallecidos que llevarlos a la ruina. Aunque el estado o el ayuntamiento pueden asumir estos costos, todo depende de la decisión de un juez, que puede tardar meses o incluso años en tomar una decisión.

Es importante destacar que las pólizas de seguro funerario pueden variar dependiendo de si se trata de un entierro o una cremación y si hay una repatriación o no. Por lo tanto, es recomendable hablar con un proveedor de pólizas sobre las opciones disponibles antes de necesitarlas.

Los extranjeros que viven solos en España pueden enfrentar una situación aún más difícil, ya que sus familiares pueden estar lejos o ignorar su fallecimiento. Incluso en estos casos, la autorización de un juez para enterrarlos es necesaria y los costos son asumidos por el ayuntamiento; sin embargo, este trámite es muy burocrático y demorado, ya que puede llevar meses y en algunos casos años.

En conclusión, la muerte en España puede ser un proceso burocrático y costoso para las familias de los fallecidos y más y es importante estar preparados para los costos y trámites que pueden surgir. Como inmigrantes, es fundamental tener conocimiento de los procedimientos y leyes relacionados con los cadáveres sin reclamo en España. Esperamos que la legislación se actualice para brindar una solución más eficaz y rápida a estos casos.


A continuación algunas preguntas frecuentes que pueden aclarar dudas:


¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para esclarecer los hechos relacionados con la muerte de una persona?

Los pasos que se deben seguir para esclarecer los hechos relacionados con la muerte de una persona incluyen la realización de una autopsia para determinar la causa y la data de la muerte, así como la identificación del cadáver a través de huellas dactilares, huellas dentales o pruebas de ADN. También se realizan inspecciones exhaustivas de marcas, hematomas o daños para determinar las circunstancias que rodearon la muerte. Si hay indicios de criminalidad, el cadáver se debe retener hasta que se levante el secreto de sumario.

¿Qué sucede con los cadáveres que nadie reclama?

Los cadáveres que nadie reclama son enterrados por caridad por el Ayuntamiento, que cubre los gastos de la autopsia, la inhumación y cualquier otro gasto relacionado con la muerte. Algunas universidades también solicitan cadáveres para realizar trabajos de investigación y prácticas reales, pero también deben esperar la autorización de un juez para tal fin.

¿Qué hacen las universidades con los cadáveres que reciben?

Las universidades utilizan los cadáveres para realizar trabajos de investigación y prácticas reales. Los cadáveres permanecen en la universidad durante un año máximo antes de ser enterrados

¿Existe alguna ley que obligue a los familiares a retirar los cadáveres de la morgue?

No existe una ley específica que obligue a los familiares a retirar los cadáveres de la morgue. Sin embargo, los familiares deben notificar a la autoridad competente sobre la muerte de una persona para que se inicien los trámites de inhumación.


¿Qué sucede cuando la familia no se hace cargo del cadáver?

Cuando la familia no se hace cargo del cadáver, el Instituto Anatómico Forense espera 15 días para que aparezca la familia o para identificar el cuerpo. Si transcurrido ese tiempo no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, el juzgado de guardia determina el entierro social o comunica a Interpol la situación del cadáver para que pueda localizar a algún pariente. En ocasiones, localizadas e informadas las familias, estas no quieren hacerse cargo del cadáver ni del entierro. En estos casos, son los Ayuntamientos o la Consejería de Justicia quienes se ocupan y celebran lo que se conoce como entierros sociales, siendo este proceso muy largo que puede llegar a demorar meses e incluso años.

¿Quién se hace cargo de los cadáveres cuando las familias no pueden o no quieren hacerlo?

Cuando las familias no pueden o no quieren hacerse cargo de los cadáveres, son los Ayuntamientos o la Consejería de Justicia quienes se ocupan y celebran lo que se conoce como entierros sociales. Estos entierros son financiados por el Estado y cubren los gastos de la autopsia, la inhumación y cualquier otro que surja para esclarecer los hechos relacionados con la muerte.

¿Qué hace el juez para determinar el traslado del cuerpo al instituto?

El juez inicia el proceso y determina el traslado del cuerpo al instituto. El juez también es el encargado de dictar una orden para determinar qué hacer con el cadáver en cada momento. Esta orden puede ser para inhumarlo o incinerarlo. Además, el juez también es el encargado de avisar a la familia del fallecido si se ha podido identificar el cuerpo.

¿Qué se hace para identificar el cuerpo cuando no hay familiares?

Cuando no hay familiares para identificar el cuerpo, se recurre a la huella dactilar, la huella dental o el ADN para establecer quién es el fallecido. Esto se hace durante la autopsia. Si aun así no se logra identificar el cuerpo, se pone la circunstancia en conocimiento del juzgado de guardia para que determine el entierro social o comunique a Interpol, en caso de extranjeros, la situación del cadáver para que pueda localizar a algún pariente.

¿Qué sucede cuando las familias aducen problemas económicos para no ocuparse del cadáver?

Cuando las familias aducen problemas económicos para no ocuparse del cadáver, el Estado se hace cargo de los gastos de la autopsia, la inhumación y cualquier otro que surja para esclarecer los hechos relacionados con la muerte. Esto se conoce como entierro social. El Estado también se encarga de avisar a la familia del fallecido si se ha podido identificar el cuerpo.

¿Quién determina si el cadáver debe ser enterrado o incinerado?

El juez es el encargado de determinar si el cadáver debe ser enterrado o incinerado. Esta decisión se toma basándose en los requisitos establecidos por los consistorios. En caso de que la familia no pueda hacerse cargo del cadáver, el Estado se encarga de los gastos de la inhumación o incineración.

¿Cuánto tiempo suele durar el proceso desde que se localiza el cadáver hasta que se entierra o se incinera?

Eso desde que se localiza el cadáver hasta que se entierra o se incinera suele durar entre 15 días y un mes. Esto depende de la rapidez con la que se pueda identificar el cuerpo y de la decisión del juez. Sin embargo, la realidad es que este proceso puede llevarse meses e incluso años.

¿Cuántos cadáveres sin identificar hay en España?

Para el 2021 España tenía 3260 cadáveres sin identificar, todo esto a la demora de todo el proceso de identificación de estos cuerpos.

¿La mayoría de los casos son de qué nacionalidad?

La mayoría de los casos son de nacionalidad española, aunque también hay casos de personas de otras nacionalidades.

En los últimos años hay un gran número de cadáveres de personas de nacionalidades como de Marruecos, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Rumanía, Ucrania, Rusia, Turquía, Senegal, Nigeria, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Mali, Guinea, Burkina Faso, Togo, Benín, Congo, Angola, Mozambique, Zimbabwe, Sudáfrica, India, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Indonesia, China, Vietnam, Corea del Sur, Japón, Cuba, Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, Chile y Uruguay.

¿Cuál es el caso del Malí?

El caso de Mali es el mismo que el de los demás países. Los ciudadanos malienses que llegan a España tienen los mismos derechos que los demás extranjeros, incluido el derecho a la atención sanitaria. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran en situación irregular, lo que les impide acceder a los recursos necesarios para recibir una atención adecuada. Era un inmigrante que vivió en España y falleció en octubre y su cuerpo ha estado en una cámara frigorífica en el hospital por cuatro meses debido a la burocracia. Con la intervención del hospital, ongs y el ayuntamiento permitirán su enterramiento en próximas fechas. Su caso muestra cómo la burocracia puede dificultar una atención humana en todas las etapas de la vida.

¿Por qué es necesario tener una póliza de deceso en España?

El tener una póliza de deceso en España puede brindar una serie de ventajas y protecciones a las personas, incluyendo a los inmigrantes. Algunas de las razones por las que es recomendable tener una póliza de deceso son:

  • Protección financiera para la familia: En caso de fallecimiento, una póliza de deceso puede proporcionar una cantidad de dinero a la familia para ayudarles a cubrir gastos funerarios y otros gastos relacionados con el duelo.
  • Seguridad a largo plazo: Una póliza de deceso puede brindar una fuente de ingresos a largo plazo a la familia, lo que puede ayudarles a mantener su estilo de vida y cubrir sus necesidades financieras a largo plazo.

Es importante destacar que, en cualquier caso, es recomendable investigar y comparar diferentes opciones antes de elegir una póliza de deceso, y asegurarse de entender las condiciones y limitaciones de la póliza.

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